El pasado 4 de julio, mientras Estados Unidos conmemoraba su independencia, el presidente Donald Trump promulgó la One Big Beautiful Bill Act (BBB), la ley más importante de su segundo mandato. A primera vista, se trata de una amplia reforma fiscal y presupuestaria que modifica impuestos, gasto público, política energética, seguridad fronteriza y defensa. Sin embargo, reducirla a una ley económica sería quedarse en la superficie. La BBB constituye la expresión más reciente y ambiciosa del giro hacia una política industrial que Estados Unidos ha venido consolidando durante los últimos años y que la administración Trump pretende profundizar. Ese cambio de rumbo también ayuda a explicar otra decisión que sorprendió apenas unos días antes: el anuncio de Trump de que no buscará renovar el T-MEC en sus términos actuales. Aunque la Casa Blanca no ha vinculado formalmente ambos acontecimientos, resulta difícil analizarlos por separado. Ambos forman parte de una misma arquitectura económica e industrial orientada a fortalecer la capacidad productiva de Estados Unidos y reducir las vulnerabilidades estratégicas derivadas de la globalización.
La BBB persigue ese objetivo mediante distintos instrumentos. El más importante consiste en consolidar y ampliar los incentivos fiscales para que las empresas inviertan dentro del país. La ley hace permanentes buena parte de las reducciones de impuestos aprobadas durante el primer mandato de Trump y fortalece mecanismos que disminuyen el costo efectivo de instalar nuevas plantas, adquirir maquinaria o ampliar líneas de producción. La lógica es sencilla: si producir en Estados Unidos resulta más rentable, una mayor proporción de las nuevas inversiones permanecerá allí y parte de la capacidad productiva que migró al extranjero tendrá incentivos para regresar.
Uno de los mecanismos fiscales más importantes de la ley es la ampliación de la llamada depreciación acelerada. Normalmente, cuando una empresa construye una fábrica o adquiere maquinaria, debe recuperar esa inversión fiscalmente de manera gradual durante varios años. La BBB permite que, en muchos casos, el costo de esas inversiones pueda deducirse íntegramente desde el primer año. En términos prácticos, la empresa reduce de inmediato su carga tributaria, mejora su flujo de efectivo y recupera antes el capital invertido. El gobierno no financia directamente la inversión, pero modifica las reglas fiscales para reducir significativamente el costo de producir en territorio estadounidense.
La ley incorpora además un incremento significativo del gasto destinado a seguridad fronteriza, control migratorio y defensa. A primera vista, estos temas parecen ajenos a la economía. No lo son. La administración Trump parte de la idea de que la fortaleza industrial, la seguridad nacional y el control de las cadenas de suministro forman parte de una misma estrategia. Un país que depende excesivamente de proveedores extranjeros para fabricar bienes estratégicos también es, desde esa perspectiva, un país vulnerable.
En conjunto, la BBB refleja el regreso de una política industrial que durante décadas quedó relegada por la confianza en los mercados internacionales. Durante buena parte de los últimos treinta años, la prioridad consistió en producir donde los costos fueran menores y la eficiencia mayor. Trump propone un criterio distinto: producir donde resulte estratégicamente conveniente para Estados Unidos, incluso si ello implica asumir mayores costos en algunos sectores. La eficiencia económica deja de ser el criterio predominante; la seguridad económica y el fortalecimiento de la capacidad industrial pasan a ocupar un lugar central.
Ese cambio de paradigma ayuda a entender el futuro del T-MEC. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, posteriormente, el T-MEC fueron diseñados bajo la lógica de la globalización. Su propósito consistía en integrar las economías de Estados Unidos, México y Canadá para que cada país participara en aquellas etapas de producción donde contara con mayores ventajas competitivas. Así surgieron las cadenas de valor norteamericanas que hoy caracterizan, entre otros, a los sectores automotriz, electrónico, aeroespacial y de dispositivos médicos.
México fue uno de los grandes beneficiarios de ese modelo. Miles de empresas trasladaron parte de su producción al país para aprovechar menores costos laborales, proximidad geográfica y acceso preferencial al mercado estadounidense. Esa integración permitió que numerosos productos cruzaran varias veces la frontera durante su proceso de fabricación antes de llegar al consumidor final.
La visión de Trump es distinta. Su objetivo ya no consiste en ampliar las cadenas de valor regionales, sino en recuperar para Estados Unidos una mayor proporción de esas actividades productivas. Bajo esa lógica, la BBB y la revisión del T-MEC dejan de ser decisiones independientes para convertirse en instrumentos complementarios de una misma estrategia industrial.
Si esa es la lógica que guía la nueva política industrial estadounidense, la revisión del T-MEC prevista para 2026 irá mucho más allá de un ajuste técnico del tratado. Todo apunta a que Washington buscará endurecer las reglas de origen, es decir, los requisitos que determinan cuánto contenido deberá producirse dentro de América del Norte para acceder a los beneficios del acuerdo. También es previsible que impulse mayores exigencias en sectores considerados estratégicos y mecanismos más estrictos para evitar que empresas de países rivales utilicen a México como plataforma para acceder al mercado estadounidense aprovechando las ventajas del tratado. El trasfondo de estas medidas es reducir la dependencia de cadenas de suministro cuya localización o propiedad escapan al control estadounidense.
Desde esta perspectiva, el anuncio realizado por Trump el 30 de junio sobre su intención de no renovar el T-MEC en su forma actual adquiere otra dimensión. No se trata únicamente de una negociación comercial. Responde a una estrategia más amplia orientada a redefinir el modelo de integración económica de América del Norte. La discusión ya no gira exclusivamente en torno a aranceles o acceso a mercados. Lo que está en juego es dónde se ubicarán las inversiones, las fábricas, la tecnología y los empleos durante la próxima década.
Todo indica que la administración Trump no busca una ruptura abrupta del tratado. Los costos para la economía estadounidense serían demasiado elevados. La estrategia parece ser otra: preservar el marco institucional del T-MEC, pero utilizar su revisión para endurecer las reglas de acceso al mercado estadounidense y alinearlas con la nueva política industrial impulsada desde Washington. De esa manera, el propio tratado dejaría de funcionar únicamente como un instrumento de integración regional para convertirse en un mecanismo que incentive el regreso de inversiones y capacidades productivas a Estados Unidos.
Si éste es el nuevo rumbo de Estados Unidos, México no puede seguir apostando casi exclusivamente al mercado estadounidense ni asumir que el T-MEC seguirá ofreciendo las mismas oportunidades que durante las últimas tres décadas. Diversificar el comercio exterior dejó de ser un objetivo deseable para convertirse en una necesidad estratégica. Ello exige reactivar los tratados comerciales que el país ha mantenido subutilizados, reconstruir una política profesional de promoción de exportaciones —porque fue un error suponer que las embajadas y los consulados podían sustituir instituciones especializadas como ProMéxico— y trabajar de manera coordinada con el sector privado para abrir nuevos mercados. Al mismo tiempo, México deberá recuperar la certeza jurídica y la seguridad que demandan los inversionistas. Mientras Estados Unidos ejecuta una estrategia industrial de largo plazo, México sigue sin construir una propia. Esa asimetría, más que cualquier cláusula del T-MEC, representa el verdadero riesgo para la competitividad del país en las próximas décadas.
Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en Gestión de Proyectos por la Universidad de Georgetown y Maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, donde fue becaria de mérito e Investigadora Invitada. Es fundadora de la firma de gestión de proyectos internacionales y comunicación estratégica Synergies Creator. En el ámbito mediático, ha sido creadora de contenidos, presentadora y analista de política internacional en medios nacionales e internacionales, participando recientemente en Univisión Chicago durante las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2024. Ha recibido reconocimientos nacionales como el Premio al Mérito de la Mujer Mexicana 2025 (ANHG-UNAM), además de distinciones de la Academia Nacional de Perspectiva de Género y de la Legión de Honor Nacional de México. Representó al sector privado en reuniones del G20 (India, 2023) y fue seleccionada por el Grupo Santander como una de 50 mujeres de altos mandos para integrarse al Programa de Liderazgo SW50 con pasantía en la London School of Economics (2024). Es Asesora Senior del Global Policy Institute en Washington, D.C.; miembro de la Legión de Honor Mexicana, Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, y Dama Distinguida de la Ilustrísima Orden de San Patricio. Es políglota, conferencista y autora de varias publicaciones.
