Un régimen puede conservar la libertad de expresión en el discurso oficial y, al mismo tiempo, limitarla en los hechos. Puede afirmar, como sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum, que los medios “pueden seguir hablando”, pero establecer mecanismos y criterios que incidan en la forma en que producen, presentan y corrigen sus contenidos. El riesgo aparece cuando esos mecanismos terminan utilizándose para cuestionar, deslegitimar o corregir precisamente las voces que incomodan al poder.
Herbert Marcuse, filósofo marxista de la Escuela de Frankfurt, aborda este problema. En 1965, en su ensayo Tolerancia Represiva, cuestionó la idea de que permitir la expresión de todas las opiniones sea, por sí mismo, una garantía de libertad. Para Marcuse, la tolerancia deja de ser neutral cuando se permite que las voces críticas se expresen, pero al mismo tiempo se crean mecanismos que limitan su capacidad para cuestionar abierta y efectivamente el orden dominante.
Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, conocidos coloquialmente como la “Ley de Audiencias”, aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y publicados el 28 de agosto de 2026, forman parte de esta discusión. Los Lineamientos establecen las obligaciones que deben cumplir los concesionarios de radio y televisión para garantizar los derechos de las audiencias, entre ellos el acceso a información plural, veraz y oportuna; la distinción entre información y opinión; mecanismos para presentar quejas contra los concesionarios y sanciones por incumplimiento.
También obligan a los medios a contar con códigos de ética y una Persona Defensora de las Audiencias, que es la instancia dentro del propio medio que recibe, analiza y resuelve las quejas de las audiencias sobre sus contenidos y puede emitir recomendaciones cuando considera que se vulneró algún derecho, con lo que puede incidir en la forma en que el medio presenta, corrige o modifica sus contenidos. Los Lineamientos establecen además que los códigos de ética deben incluir criterios que permitan determinar si, al difundirse una noticia, existían elementos mínimos para considerarla veraz.
Estos objetivos pueden parecer legítimos. El problema surge cuando la regulación rebasa la atención a las quejas e introduce criterios capaces de incidir en cómo los medios producen, presentan y corrigen sus contenidos.
Hasta ahora, el gobierno mexicano tampoco ha llegado al extremo de otros regímenes autoritarios en su relación con los medios críticos. En Venezuela y Turquía, medios críticos han perdido concesiones, licencias o incluso han sido cerrados. En México, la vía ha sido distinta. En lugar de eliminar al medio, se han establecido reglas y tomado medidas —la Lista de Alcalde es una de ellas— que pueden intimidar, estigmatizar o generar un efecto amedrentador sobre los medios críticos y limitar las condiciones en las que ejercen la libertad de expresión.
El caso venezolano ayuda a dimensionar el riesgo, aunque las circunstancias y la severidad de las medidas son distintas. En 2004, Hugo Chávez impulsó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte, que estableció reglas sobre los contenidos, mecanismos de supervisión y facultades estatales para imponer sanciones. Fue uno de los primeros instrumentos de un proceso que posteriormente amplió y endureció el control sobre los medios, mediante diversas medidas. Human Rights Watch documentó que las restricciones regulatorias contribuyeron a generar autocensura incluso antes de que se aplicaran las medidas más severas.
La similitud con México no está en la severidad de las medidas, sino en una lógica común: utilizar reglas y procedimientos para intervenir en las condiciones en que los medios ejercen su función informativa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la Ley Resorte imponía condicionamientos de veracidad y oportunidad a los programas informativos y que, por la vaguedad de algunas disposiciones y las sanciones previstas, podía generar un efecto amedrentador sobre medios y periodistas y limitar el flujo de información sobre asuntos de interés público.
Michel Foucault, filósofo e historiador francés, que estudió las formas en que el poder puede ejercerse a través de la vigilancia, las normas y los mecanismos de control, incluso sin recurrir directamente a la fuerza, mostró en Vigilar y castigar (1975) cómo la vigilancia y la evaluación conforme a normas pueden llevar a modificar la conducta antes incluso de que exista una sanción. El individuo termina anticipando la mirada de quien lo observa y ajustando su comportamiento en consecuencia. Aplicado a los medios y a los periodistas de opinión, esto significa que la sola posibilidad de ser cuestionado, evaluado, corregido o sancionado puede llevar a anticipar la reacción y ajustar lo que se dice, cómo se dice o incluso aquello que se decide no decir.
En una democracia, el ‘mercado de ideas’ permite que distintas opiniones circulen, se confronten y compitan sin que una autoridad determine de antemano cuáles merecen mayor legitimidad. Su valor no lo establece el poder: son los ciudadanos quienes, al contrastarlas con otras ideas y con los hechos, deciden cuáles los convencen. Si el poder interviene en las condiciones de esa competencia, las ideas dejan de competir en un terreno plenamente libre.
La asimetría resulta todavía más evidente porque el gobierno también participa en ese mercado de ideas. Desde sus propios espacios puede difundir su narrativa e interpretaciones de los hechos, sus opiniones políticas e incluso información que sus críticos consideren cuestionable, mientras impone a los medios reglas de supervisión sobre sus contenidos que no se aplica a sí mismo. No hay, por tanto, un piso parejo. Quien participa en la disputa de ideas no debería, al mismo tiempo, establecer las reglas que condicionan la acción de quienes compiten con él.
También está la cuestión de la legitimidad. La regulación fue promovida desde el propio poder público bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias, pero no respondió a una demanda ciudadana para limitar las voces críticas. La consulta pública recibió 8,889 participaciones y, según el análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el 82% se manifestó en contra del proyecto. Pese a ello, la CRT aprobó los Lineamientos el 26 de agosto y publicó hasta el 28 el Informe de Consideraciones que debía integrar, analizar y valorar las participaciones. La pregunta de fondo es quién decidió que esta intervención era necesaria justo ahora y a quién beneficia realmente.
Una democracia requiere muchas voces, especialmente las que incomodan al poder. Los ciudadanos no necesitan que el gobierno les diga qué ideas son correctas; necesitan poder escucharlas, confrontarlas y decidir por sí mismos cuáles aceptar. Cuando quien participa en el debate establece también las condiciones bajo las cuales las ideas pueden competir, la libertad del debate queda comprometida.
Ahí está la advertencia de Marcuse. El poder no necesita prohibir las ideas que lo incomodan cuando puede intervenir en las condiciones de su competencia. Si quien gobierna establece unilateralmente las reglas del debate, las ideas pueden seguir expresándose, pero los ciudadanos ya no deciden en igualdad de condiciones qué ideas pueden competir.
Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en Gestión de Proyectos por la Universidad de Georgetown y Maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, donde fue becaria de mérito e Investigadora Invitada. Es fundadora de la firma de gestión de proyectos internacionales y comunicación estratégica Synergies Creator. En el ámbito mediático, ha sido creadora de contenidos, presentadora y analista de política internacional en medios nacionales e internacionales, participando recientemente en Univisión Chicago durante las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2024. Ha recibido reconocimientos nacionales como el Premio al Mérito de la Mujer Mexicana 2025 (ANHG-UNAM), además de distinciones de la Academia Nacional de Perspectiva de Género y de la Legión de Honor Nacional de México. Representó al sector privado en reuniones del G20 (India, 2023) y fue seleccionada por el Grupo Santander como una de 50 mujeres de altos mandos para integrarse al Programa de Liderazgo SW50 con pasantía en la London School of Economics (2024). Es Asesora Senior del Global Policy Institute en Washington, D.C.; miembro de la Legión de Honor Mexicana, Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, y Dama Distinguida de la Ilustrísima Orden de San Patricio. Es políglota, conferencista y autora de varias publicaciones.
