Panamá atraviesa una etapa en la que los indicadores económicos ofrecen una lectura compleja. Por un lado, el país continúa mostrando crecimiento del producto interno bruto; por otro, la inversión extranjera directa no ha avanzado con la misma fuerza y eso abre una pregunta de fondo: ¿puede una economía crecer sin necesariamente atraer más confianza internacional? En el caso panameño, la respuesta parece ser que sí puede crecer, pero no sin enfrentar límites claros en materia institucional, política y fiscal.
De acuerdo con el INEC, en 2025 el PIB de Panamá creció 4.4 % respecto a 2024 y alcanzó B/. 84,752.9 millones, con un comportamiento impulsado sobre todo por actividades de servicios. Entre los sectores que más aportaron al desempeño económico estuvieron el transporte, el comercio, los servicios financieros, la construcción, los hoteles y restaurantes, así como otras actividades vinculadas al modelo logístico y de servicios que históricamente ha sostenido a la economía panameña. Este dinamismo confirma que el país conserva una ventaja comparativa importante basada en su posición geográfica y en su capacidad para ofrecer servicios al comercio internacional.
Sin embargo, el hecho de que la economía crezca no significa automáticamente que el país resulte más atractivo para el capital extranjero. La caída o desaceleración de la inversión extranjera directa sugiere que los inversionistas observan algo más que cifras macroeconómicas: evalúan también la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria, la calidad institucional y la previsibilidad de las decisiones públicas. En otras palabras, el crecimiento económico es una condición favorable, pero no suficiente por sí sola para sostener la confianza externa.
Esa tensión se vuelve más visible en el contexto de los contratos mineros y portuarios. El debate sobre la actividad minera se ha convertido en un símbolo de las dudas que pueden generar las decisiones estatales cuando afectan sectores estratégicos. A ello se suma la discusión reciente sobre los contratos portuarios vinculados a empresas chinas en los puertos relacionados con el Canal de Panamá, un tema que ha adquirido relevancia nacional e internacional por su impacto en la soberanía económica, la transparencia contractual y la percepción de riesgo país.
La situación es aún más delicada porque estos asuntos no se limitan a un conflicto empresarial. En Panamá, los puertos, el Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón forman parte de una misma lógica económica: la del país como plataforma de tránsito, comercio y servicios globales. En ese sentido, cualquier duda sobre la administración de activos estratégicos afecta no solo la imagen de un sector, sino la credibilidad del modelo económico completo. Por eso, la discusión sobre concesiones, contratos y operadores extranjeros debe entenderse también como un debate sobre el tipo de inserción internacional que Panamá quiere sostener.
A esto se suma la coyuntura fiscal de los dos primeros años de gobierno de José Raúl Mulino. El Ejecutivo ha presentado la reducción del déficit fiscal como una señal de ordenamiento de las finanzas públicas y, efectivamente, el Gobierno anunció una caída importante del déficit en 2025. No obstante, la deuda pública siguió en aumento y eso muestra que el país todavía enfrenta el reto de equilibrar disciplina fiscal con crecimiento, inversión social y credibilidad ante los mercados.
Desde una perspectiva más amplia, esta realidad ayuda a entender que la competitividad internacional no depende únicamente de cuánto crece la economía, sino de cómo se gobierna ese crecimiento. Si el Estado transmite mensajes contradictorios, si los contratos estratégicos se vuelven objeto de controversia o si las reglas del juego cambian con frecuencia, la inversión extranjera tiende a retraerse. En cambio, cuando hay estabilidad institucional, transparencia y previsibilidad, el crecimiento tiene más posibilidades de convertirse en desarrollo sostenido.
Por eso, el caso de Panamá debe leerse como una paradoja solo en apariencia. En realidad, lo que muestran los datos es que el país conserva fortalezas estructurales muy importantes —como su base de servicios y su posición logística—, pero al mismo tiempo arrastra debilidades que afectan su capacidad de atraer inversión de largo plazo. La economía puede seguir expandiéndose por inercia sectorial, pero, si no se fortalece la confianza institucional, esa expansión tendrá límites.
Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, estos indicadores no solo reflejan el comportamiento de la economía, sino también la manera en que Panamá se proyecta ante el sistema internacional. La disminución de la inversión extranjera directa afecta la imagen del país como destino seguro y confiable para los negocios y puede reducir su capacidad para atraer proyectos estratégicos, diversificar su economía y generar empleos de mayor valor agregado.
En conclusión, el crecimiento del PIB panameño durante 2024 y 2025 demuestra que la economía sigue siendo resiliente, pero la disminución de la IED revela que el mercado internacional exige mucho más que buenos números. Panamá necesita consolidar su liderazgo como centro logístico y financiero, pero también proteger la seguridad jurídica, ordenar sus finanzas públicas y dar señales claras de estabilidad. Ese es el verdadero desafío de la era Mulino: convertir el crecimiento en confianza y la confianza en inversión, empleo y desarrollo sostenible.
Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Panamá. Cuenta con estudios de Maestría en Asuntos del Canal de Panamá y la Industria Marítima Internacional, realizados en el Instituto del Canal de Panamá de la misma universidad.
Ha cursado formación especializada en Políticas Públicas para el mejoramiento de la administración pública, la transparencia y el fortalecimiento institucional del Estado, impartida por la Georgetown University, a través de su Center for Intercultural Education and Development. Asimismo, participó en el Workshop on International Trade Promotion, un seminario-taller sobre promoción del comercio internacional realizado en Taipéi, Taiwán, patrocinado por el International Cooperation and Development Fund.
Realizó estudios sobre el proceso de toma de decisiones en la formulación de la política exterior de los Estados Unidos en la Universidad de Michigan, campus Detroit. Cuenta también con estudios de posgrado en Docencia Superior por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá.
Se desempeñó como Coordinador de Investigación del Instituto del Canal y Relaciones Internacionales. Actualmente es profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, donde acumula cerca de 30 años de trayectoria académica.
