En México la restauración del Antiguo Régimen, es decir, un retorno similar a la era caudillista de hace un siglo (con Maximato incluido), aunque ahora bajo la forma de un Narcoestado, ha implicado, entre otras cosas, renovadas tensiones y un grave conflicto con Estados Unidos, con sorprendes paralelismos entre ambas crisis, pese al centenario de distancia.
Después de la revolución, nuestro país enfrentó una situación crítica: devastación material, bancarrota económica y financiera, polarización y enconos políticos, una feroz pugna por el poder dentro del grupo sonorense, aislamiento internacional y por ende, extrema vulnerabilidad, principalmente ante Estados Unidos, que en esos momentos estaba consolidando su hegemonía en América Latina.
Gracias al convenio De la Huerta-Lamont (1922), que renegoció la deuda (con los ingresos petroleros y ferrocarrileros como prenda), y a los Acuerdos de Bucareli (1923), que acordó una convención sobre reclamaciones mutuas, y pactos extraoficiales como el dejar sin efecto la retroactividad del artículo 27 en materia petrolera, el presidente Alvaro Obregón logró el anhelado reconocimiento norteamericano. Sin embargo, la estabilidad político y social estaba lejos de conseguirse: su cuatrienio terminó ensangrentado, con una poderosa rebelión delahuertista, en cuyo sofocamiento el gobierno obregonista tuvo el respaldo estadunidense. A principios del 24 los rebeldes capitularon, y se pudo dar la elección que llevó a la presidencia a Plutarco Elías Calles.
La persecución religiosa callista condujo a la guerra cristera (1926-29), con miles de combatientes, y alrededor de cien mil muertos. Si bien Calles alcanzó una renegociación de la deuda externa favorable para México, el anunció de una nueva ley del petróleo que reglamentara el 27 constitucional, creó una grave crisis en la relación con la Casa Blanca. La legislación estipulaba que las empresas petroleras debían intercambiar sus títulos de propiedad por concesiones, y con ello se echaban abajo los Acuerdos de Bucareli. Estados Unidos respondió que debían respetarse aquellos, e incluso ofreció la negociación inmediata de un tratado de amistad y comercio con México.
En 1925, mientras el congreso mexicano discutía la ley petrolera, el secretario de Estado Frank B. Kellogg condicionó la ayuda de su país a México en caso de una inminente rebelión armada (que fue la cristera). Kellogg llamó a consultas al embajador James R. Sheffield, con quien compartía la tesis del bolchevismo de Calles, y de su supuesto proyecto de erigir una base para extender el comunismo en América Latina (el reconocimiento callista al liberal Juan Sacasa como presidente de Nicaragua, se uso como prueba de ello, ya que era contrario a Washington), y por ende, representar una amenaza para la Unión Americana. Las empresas afectadas defendieron sus “derechos adquiridos”, calificaron a la ley petrolera de confiscatoria, que sentaba un pésimo precedente internacional, y estaban dispuestos, con los duros del Departamento de Estado, llevar la confrontación con México hasta las últimas consecuencias.
El gobierno mexicano reivindicó la no intervención en sus asuntos soberanos, y se aprobó la ley petrolera en los términos acordes con la Constitución (1926). Pese a que Calles pretendió romper el aislamiento internacional (como Obregón lo intentó al establecer relaciones con la URSS), y obtuvo el reconocimiento diplomático del Reino Unido, los británicos cuidaron de no friccionarse con los estadunidenses. Empero, estos esfuerzos resultaron precarios frente a la extrema vulnerabilidad que implicó al estallar la Cristiada.
La guerra civil en México alentó a los militaristas norteamericanos que buscaban escalar el conflicto. A fines el 26 retornaron los marines a Nicaragua, y para principios del 27, en Estados Unidos se discutía sobre la posibilidad de una guerra con México. Al presidente Coolidge, el gobierno mexicano se le hizo saber que en caso de conflicto bélico se volarían los pozos petroleros, y se le propuso modificar la ley petrolera, disminuir el ritmo de la reforma agraria y un arbitraje internacional para atender la crisis. Coolidge aceptó la propuesta e incluso, reemplazo al guerrerista Sheffield por Dwight Morrow, quien representaba los intereses de los banqueros, y cuya mediación fue importante para superar la crisis.
Actualmente, el conflicto entre México y Estados Unidos es aún más grave que el de hace cien años, tanto por la situación interna como por la política de Donal Trump. El régimen populista ha implicado para nuestro país: el desmantelamiento de la división de poderes, el sistema democrático y el Estado de Derecho; el estancamiento económico, el desbordado endeudamiento, y la corrupción generalizada (que embarra a los más altos niveles del gobierno, el ejército y la marina), y el saqueo sistemático de los recursos públicos; la implantación de un Narcoestado, con carteles empoderados y coludidos con gobernantes y políticos del oficialismo; un baño de sangre con miles de muertos, heridos, desaparecidos y desplazados…una nación dividida polarizada y confrontada, aislada internacionalmente, y por ende, en extremo vulnerable interna y externamente.
Ahora, nuevamente se produce un reforzamiento hegemónico estadunidense sobre la región, e incluso, un replanteamiento de la geopolítica mundial bajo las directrices de la “Doctrina Donroe”. Como parte de ello, Trump ha declarado la guerra a los cárteles del narcotráfico, al calificarlas de organizaciones terroristas, y al fentanilo como un arma de destrucción masiva. Convocó a un Escudo de las Américas, iniciativa multinacional de cooperación político-militar para combatir a los terroristas. Una cumbre de 17 naciones a la que no fue invitado México, dado que es calificado, por el propio convocante, “un país gobernado por los cárteles”, y por ende, un asunto de seguridad nacional para su país.
En la “National Drug Control Strategy 2026”, Washington establece que el tráfico de estupefacientes es una “guerra química”, y en virtud de que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas internacionales, se activan poderes legales especiales para combatirlos. Se crea un centro nacional de mando que integra todas las agencias (DEA, FBI, CIA, etc.), que coordina la lucha global contra el terrorismo, y pretende utilizar todas las herramientas del poder nacional disponibles (jurídicas, económicas, militares, etc.) para exterminar toda la red terrorista, incluyendo a políticos, funcionarios, financieros, empresarios, entre otros, que han permitido y beneficiado del narcotráfico.
Esta política ha comprendido, en menos de medio año, espectaculares capturas como la de Nicolás Maduro en Venezuela, ataques directos y contundentes a Iran, Hamas y Hezbolá, intensas presiones sobre el régimen cubano, mandatarios y políticos de izquierda, particularmente contra aquellos que se consideran parte de la red global terrorista o que son contrarios a la Casa Blanca, incluyendo a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, quien no ha dado muestras de buscar desmantelar el Narcoestado (sólo ha entregado “propinas”), y en cambio, se ha alineado con los enemigos de los estadunidenses (Petro, Castro, Sánchez)
Ante ello, el presidente Trump afirmó que si el gobierno mexicano no hace el trabajo “entonces nosotros lo haremos”, lo que anticipaba el escalamiento del conflicto. Así, éste alcanza un punto crítico cuando Sheinbaum rechaza el pedido de detener con fines de extradición al gobernador sinaloense Ruben Rocha Moya, al senador Enrique Insunza y a otros ocho altos funcionarios, reclamados por graves cargos como el de “conspirar para violar las leyes de narcóticos de Estados Unidos” (todos hoy con ficha de Interpol, excepto dos que ya se entregaron).
Esta negativa de cooperación sustentada en una virulenta retórica nacionalista, atiza la confrontación política con la Casa Blanca, al encubrir a personajes clave de la red narco política (que conduce a López Obrador) sin mayor sustento que una narrativa, endeble y de nula legitimidad por defender a delincuentes, sin que evite más demandas de extradición de políticos morenistas. Además, constituye un desafío para que Trump llegue hasta las últimas consecuencias (cancelación del T-MEC, estrangulamiento financiero, etc., etc.) el enfrentamiento con un gobierno calificado de comunista, y que lo considera una amenaza para la seguridad estadunidense y para los gobiernos afines de la región.
Hace cien años los caudillos sortearon el conflicto con Estados Unidos, al comprender que es parte del interés nacional de México establecer una relación constructiva con el vecino del norte, y pudieron avanzar en la implantación de un nuevo Estado.
En cambio, ahora, la política exterior de Sheinbaum, en aras de defender a los narco dirigentes morenistas y a su régimen político, sacrifica el interés nacional (el desarrollo económico y social, la democracia, la soberanía), al confrontarse con una superpotencia, una ruta suicida para la propia 4t, aunque en su caída, seguirá arrastrando a México por un barranco que no parece tener fin.
Catedrático de la UNAM desde 1984. Doctor en Estudios latinoamericanos, experto en temas de historia de México y América Latina, de política internacional, socialdemocracia y populismo. Autor de 10 libros, entre los que se encuentran: Origenes y nacimiento de la autonomía universitaria en América Latina; Orígenes del pensamiento político en México y Pensamiento Político Socialdemócrata I. Ha sido Columnista del periódico Excélsior y de la revista Capital Político, entre otras. Fundador del Partido Socialdemócrata y Secretario de Ideología por ese partido.
