El 29 de septiembre de 2026 pudo convertirse en una fecha relevante en la historia de la revolución tecnológica. Donald Trump reunió en la Casa Blanca a 31 líderes empresariales y funcionarios vinculados con el desarrollo tecnológico estadounidense. Elon Musk, Jensen Huang, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, Satya Nadella, Jeff Bezos, Dario Amodei y Greg Brockman estuvieron entre los participantes de un encuentro que concentró poder político, capital, semiconductores, infraestructura y algunos de los sistemas de inteligencia más avanzados del mundo.
El elemento más llamativo fue semántico, pero sus implicaciones son políticas. Trump firmó una orden ejecutiva para que el gobierno federal sustituya el término inteligencia artificial por “superinteligencia”. Sin embargo, la propia orden establece provisionalmente que ambos conceptos comprenden las mismas tecnologías definidas actualmente por la legislación estadounidense. No estamos, por tanto, ante la certificación científica de que las máquinas hayan alcanzado una inteligencia superior a la humana. Estamos ante una decisión política para redefinir cómo Estados Unidos conceptualiza una tecnología estratégica.
El encuentro produjo además un acuerdo voluntario firmado por Anthropic, Google, Meta, Nvidia, OpenAI y xAI. Las empresas asumieron compromisos relacionados con controles internos, evaluación de modelos, auditorías externas y supervisión independiente. Trump lo calificó como moralmente vinculante, pero no constituye una regulación jurídicamente obligatoria. El modelo revela una característica fundamental de la estrategia estadounidense: preservar velocidad e innovación mientras se intenta construir un sistema de control que no imponga todavía una regulación federal rígida.
La lógica económica y geopolítica es evidente. La competencia ya no ocurre solamente entre empresas. Estados Unidos considera el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia parte de su competencia estratégica con China. Días antes, durante la visita de Xi Jinping, ambos gobiernos acordaron establecer un diálogo bilateral sobre superinteligencia y un canal de comunicación para incidentes relacionados con esta tecnología. Washington, sin embargo, mantiene como objetivo preservar su liderazgo tecnológico frente a Beijing.
Pero acelerar tiene costos. Estos sistemas requieren cantidades crecientes de centros de datos, semiconductores, electricidad, agua y capital. Trump reiteró durante el encuentro su respaldo a la expansión de centros de datos pese a las resistencias que comienzan a generar en algunas comunidades estadounidenses. La revolución digital adquiere así una dimensión física: la capacidad computacional depende finalmente de infraestructura, energía y cadenas de suministro.
Para el resto del mundo, la consecuencia puede ser una nueva asimetría. Los países que no desarrollen infraestructura, talento, capacidad energética y ecosistemas empresariales capaces de adoptar estas tecnologías corren el riesgo de convertirse principalmente en consumidores de sistemas desarrollados en Estados Unidos o China.
Lo ocurrido en Washington no demuestra que la superinteligencia haya llegado. Demuestra algo posiblemente más trascendente: Estados Unidos comienza a organizar explícitamente poder público y poder tecnológico bajo la expectativa de que llegará. Si esa expectativa se cumple, el encuentro habrá anticipado una transformación histórica. Si no ocurre, habrá mostrado igualmente hasta qué punto la inteligencia computacional ya modificó las prioridades del poder mundial.
