
A pocos días de cumplir su primer año de gestión, el gobierno de Rodrigo Paz y Edmand Lara tiene una asignatura pendiente, se trata de la comunicación gubernamental. La administración acumuló errores, contradicciones, silencios y crisis mal gestionadas. Ya no parece una simple curva de aprendizaje, sino la ausencia de una estrategia, de una estructura institucional sólida y de profesionales especializados en comunicación política y gestión de crisis.
Gobernar no consiste únicamente en anunciar decisiones. También implica explicar, generar confianza y asumir responsabilidades. Durante este primer año, el Gobierno privilegió demasiadas veces el impacto inmediato sobre la construcción de mensajes coherentes.
Las referencias a los 15.000 millones de dólares supuestamente robados durante los veinte años anteriores, las declaraciones sobre la alcancía de las pensiones y los anuncios económicos sin suficiente explicación instalaron una narrativa de confrontación sin datos suficientes para sostenerla. Hubo más titulares que información.
El Decreto Supremo 5503 fue una de las primeras demostraciones de esa debilidad. El Gobierno presentó una medida de enorme impacto económico y social sin explicar sus alcances, anticipar reacciones ni preparar a sus portavoces. Tras las protestas llegaron la negociación y la abrogación. Falló la capacidad de sostener una narrativa coherente antes, durante y después de la crisis.
También afectaron la imagen presidencial episodios como la pregunta «¿cuadra o no cuadra?», pronunciada con un micrófono todavía abierto, y el posterior reconocimiento de que no había estado muy lúcido. Cada aparición del presidente es un acto institucional, por lo tanto, los errores de forma también tienen consecuencias políticas.
La lista incluye las contradicciones sobre las 32 maletas, las explicaciones alrededor del caso Marset, los problemas de combustible y anuncios que no siempre encontraron respaldo ministerial. Las rectificaciones llegaron tarde o sin claridad. El reconocimiento de que la administración no había sido eficiente en su comunicación confirmó que el problema ya era evidente.
En este escenario tan complejo, aunque en los pasillos del poder ya se hablaba de la influencia de Fernando Cerimedo y Catalina Paz, conocida como la «Infanta Catalina», ambos parecían tener un peso determinante en las decisiones comunicacionales del presidente. Una influencia que, lejos de contribuir a ordenar la estrategia, terminó acompañando decisiones equivocadas y una comunicación que, en lugar de aclarar, explicar y contener, generaba nuevas crisis.
En un Gobierno que prometió institucionalidad, no es menor que una persona externa parezca incidir en decisiones políticas y comunicacionales sin que estén claras sus atribuciones. La pregunta de fondo no es si Cerimedo tenía o no un contrato, sino qué poder ejercía, ante quién respondía y por qué la ciudadanía debía enterarse de sus posibles intervenciones a través de filtraciones.
La difusión de audios atribuidos a Cerimedo y a personas cercanas al presidente, entre ellas Catalina Paz, agravó el escenario. Las grabaciones abrieron interrogantes sobre nombramientos, decisiones políticas y la conformación del equipo de comunicación. La respuesta gubernamental se concentró en cuestionar la filtración y el origen de los audios, sin ofrecer explicaciones suficientes sobre las conversaciones y los vínculos que exponían.
También quedó expuesta la discusión sobre quién toma las decisiones comunicacionales. El exministro Edgar Morales atribuyó a Catalina Paz influencia sobre la comunicación y las restricciones para que algunos ministros hablaran con la prensa. El vocero José Luis Gálvez respondió que ella no tenía cargo público y colaboraba con las redes personales de su padre. Las grabaciones atribuidas a Catalina y Cerimedo reavivaron la discusión. Si no está claro quién decide y quién responde, la comunicación institucional pierde autoridad.
La visita de la primera dama, María Elena Urquidi, a la comunidad indígena Esse Ejja de Eyiyoquibo, donde llevó juguetes, ropa y calzados, terminó en controversia. En medio de una profunda crisis de reputación tras la difusión de los audios con Fernando Cerimedo, esta puesta en escena solidaria agravó aún más su situación. Mientras las autoridades indígenas reclamaban respuestas urgentes ante la contaminación por mercurio, la falta de atención médica, alimentos y medicamentos, la respuesta fue repartir regalos.
El episodio evidencia una preocupante confusión entre gestión pública y caridad. El rol del Estado no es escenificar gestos de generosidad para las cámaras, sino transformar las condiciones de vida de la población. La ciudadanía necesita soluciones y políticas públicas, no autoridades que la miren desde arriba y le extiendan la mano como un acto de benevolencia. Al ciudadano se lo mira a la altura de los ojos, nunca desde arriba.
En comunicación política, las buenas intenciones no sustituyen la planificación. Una visita oficial exige diagnóstico, evaluación del contexto y coordinación con las autoridades locales. De lo contrario, una acción que busca cercanía puede producir el efecto contrario.
Los episodios revelan un patrón de improvisación, mensajes contradictorios, vocerías débiles, respuestas defensivas y ausencia de protocolos. La comunicación gubernamental no puede reducirse a producir contenidos para redes sociales ni depender de asesores informales o consultores sin reglas institucionales claras. La improvisación puede resolver una urgencia puntual, pero no reemplaza una política sostenida ni una cadena de mando reconocible.
La comunicación es una función estratégica del Estado. Requiere profesionales que conozcan el país, entiendan sus conflictos, trabajen con los medios y manejen escenarios de riesgo. También equipos capaces de advertir al poder cuando una decisión o un mensaje es un error. No se trata de construir propaganda, sino de contar con técnicos experimentados, autónomos y responsables.
La comunicación no puede arreglar una mala decisión política, pero una buena estrategia puede evitar que se convierta en una crisis mayor. Cuando la crisis ya existe, el silencio, la improvisación y la búsqueda de culpables casi siempre la agravan.
Paz y Lara llegan a su primer año de gobierno desdibujados y desgastados, con una gestión y una comunicación desordenadas que han profundizado el desencanto ciudadano y erosionado la confianza en el Gobierno. El problema ya no es solo la falta de resultados o los errores de gestión, sino la creciente distancia entre las expectativas que despertaron y la realidad que hoy percibe la ciudadanía. «Reordenar Bolivia» puede ser el lema, pero recuperar la credibilidad y volver a generar confianza exige mucho más que una consigna.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación y MSc. en Marketing Político, es columnista especializada en temas de comunicación política y analista en este ámbito. Su experiencia incluye consultoría en transparencia electoral y participación como observadora internacional en procesos comiciales. Además, es socia de ACEIPOL, un espacio comprometido con la profesionalización de la política, desde donde impulsa estrategias innovadoras y análisis profundos sobre el panorama político contemporáneo.



