La crisis que atraviesa hoy Bolivia bajo el gobierno de Rodrigo Paz tiene múltiples causas, una economía debilitada, escasez de combustibles, tensiones políticas acumuladas y una creciente pérdida de confianza ciudadana en las instituciones. Sin embargo, en medio de este escenario reaparece un viejo debate que acompaña al país desde hace más de dos décadas: el papel que Evo Morales ha desempeñado en los principales episodios de presión política que han puesto contra las cuerdas a distintos gobiernos.
Pocos líderes políticos en Bolivia conocen tan bien la dinámica de la movilización social como Evo Morales. Su carrera no nació en los partidos tradicionales ni en las élites políticas. Se forjó en los sindicatos cocaleros del Chapare, donde aprendió que la capacidad de paralizar carreteras, movilizar bases y sostener conflictos prolongados podía convertirse en una herramienta de poder tan efectiva como una victoria electoral.
Desde finales de los años noventa y principios de los años 2000, Morales emergió como una de las figuras más visibles de las protestas contra las políticas de erradicación de coca impulsadas por distintos gobiernos. En aquel período comenzó a consolidarse una forma de hacer política que posteriormente se repetiría en diversos conflictos nacionales, organización sindical, movilización territorial, construcción de un discurso de legitimidad popular y presión creciente sobre el poder político.
La Guerra del Agua de 2000 y los conflictos sociales que marcaron el final del gobierno de Hugo Banzer constituyeron uno de los primeros escenarios donde esa lógica cobró fuerza. Aunque Morales no fue el único actor, su liderazgo comenzó a proyectarse a escala nacional. Las protestas, bloqueos y movilizaciones mostraron que un gobierno podía verse seriamente debilitado cuando amplios sectores sociales coordinaban acciones capaces de paralizar regiones enteras.
Posteriormente, durante la gestión de Jorge Quiroga, continuaron las tensiones relacionadas con la política antidroga y los conflictos en el Chapare. Los bloqueos y las movilizaciones se convirtieron en instrumentos recurrentes de negociación y presión. La confrontación ya no era únicamente por demandas sectoriales; comenzaba a configurarse un proyecto político nacional que utilizaba la protesta como mecanismo de acumulación de poder.
El punto de inflexión llegó en 2003 con la Guerra del Gas. Las protestas que desembocaron en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada marcaron uno de los momentos más traumáticos de la democracia boliviana. La combinación de movilizaciones masivas, bloqueos de caminos, cercos urbanos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad generó una crisis de gobernabilidad que terminó con la renuncia del mandatario. Aunque diversos sectores participaron en esos acontecimientos, Morales emergió fortalecido políticamente y consolidó su imagen como uno de los principales referentes de la oposición.
Dos años más tarde, Carlos Mesa enfrentó una situación similar. Sin una base política sólida y sometido a una presión constante desde distintos frentes sociales, su gobierno terminó colapsando. Las movilizaciones, los bloqueos y la imposibilidad de construir acuerdos políticos estables volvieron a demostrar la eficacia de una estrategia basada en elevar progresivamente los costos de gobernar.
Lo llamativo es que, observando retrospectivamente estos episodios, aparece un patrón que se repite con notable consistencia. Primero surge una crisis real o una demanda legítima. Luego se construye una narrativa política que amplifica el conflicto. Después se activan organizaciones sindicales, campesinas y movimientos sociales capaces de sostener medidas de presión durante semanas. Finalmente, la discusión deja de centrarse en el problema original y pasa a enfocarse en la continuidad del gobierno.
La fortaleza de esta estrategia radica en que coloca al adversario en una situación extremadamente difícil. Si el gobierno negocia rápidamente, proyecta una imagen de debilidad. Si intenta imponer autoridad mediante la fuerza, corre el riesgo de perder legitimidad. Si decide esperar, el desgaste económico y social termina afectando su popularidad. En cualquiera de los escenarios, quien impulsa la movilización logra aumentar su capacidad de influencia.
Por eso resulta difícil entender la coyuntura actual sin considerar la experiencia acumulada por Evo Morales en este terreno. Pocos políticos bolivianos conocen tan bien las estructuras sindicales, las rutas estratégicas del país, los mecanismos de coordinación territorial y la capacidad de presión que generan los bloqueos prolongados. Durante décadas participó en la construcción de esas redes y aprendió a utilizarlas como herramientas de acción política.
La actual crisis vuelve a reflejar varios elementos de ese libreto. Bolivia enfrenta problemas económicos cada vez más profundos, una creciente polarización política y una ciudadanía cansada de los conflictos permanentes. En ese contexto, Morales reapareció públicamente sugiriendo la necesidad de nuevas elecciones y cuestionando la capacidad del Gobierno para conducir el país.
Sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Para sus seguidores representan una salida política a la crisis. Para sus críticos, constituyen una muestra más de una estrategia históricamente orientada a aprovechar momentos de debilidad institucional para aumentar la presión sobre sus adversarios.
Más allá de las simpatías o rechazos que genera su figura, existe un hecho difícil de discutir y es que Evo Morales ha sido uno de los actores políticos más influyentes de la Bolivia contemporánea. Su trayectoria demuestra una notable capacidad para interpretar el descontento social, canalizarlo políticamente y convertir la movilización en un instrumento de poder.
La gran interrogante es si Bolivia seguirá atrapada en este ciclo permanente de confrontación o si finalmente será capaz de construir mecanismos institucionales que permitan resolver sus conflictos sin recurrir al bloqueo, el cerco y la presión callejera. Porque la crisis actual no solo pone a prueba al gobierno de Rodrigo Paz. También pone a prueba la capacidad del país para superar una forma de hacer política que, durante más de dos décadas, ha marcado buena parte de su historia reciente.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación y MSc. en Marketing Político, es columnista especializada en temas de comunicación política y analista en este ámbito. Su experiencia incluye consultoría en transparencia electoral y participación como observadora internacional en procesos comiciales. Además, es socia de ACEIPOL, un espacio comprometido con la profesionalización de la política, desde donde impulsa estrategias innovadoras y análisis profundos sobre el panorama político contemporáneo.
