Cada vez que el ciudadano requiere realizar un trámite, el gobierno le exige volver a presentar los documentos que el propio gobierno emitió. El problema no es de tecnología: es de gobernanza de datos. Una nueva ley federal abre la ventana para resolverlo.
El Banco Interamericano de Desarrollo lo calculó hace algunos años: un ciudadano latinoamericano dedica, en promedio, 5.4 horas a un solo trámite. La mayor parte de ese tiempo no se va en filas ni en formularios. Se va en correr de oficina en oficina cargando documentos que el mismo gobierno emitió: un acta, una constancia de situación fiscal, una licencia, un certificado de uso de suelo o un dictamen de protección civil. El ciudadano se convierte, en los hechos, en el mensajero entre dependencias y entidades que no se hablan entre sí.
Veinte años de transformación digital atacaron el síntoma equivocado. Se digitalizaron portales, se crearon ventanillas únicas y se montaron expedientes electrónicos. El trámite se subió a internet, pero el documento siguió siendo un PDF aislado que cada dependencia exige por separado. La cifra del INEGI lo confirma: en 2024, solo el 33 % de los usuarios de internet en México reportó haber interactuado con el gobierno en línea y, entre los adultos urbanos, apenas el 22.9 % completó un trámite en línea. El resto consultó información o descargó formatos. La duplicación documental sigue ahí, solo que ahora se hace en pantalla.
La propuesta: un pasaporte digital para cada documento oficial
En un trabajo de investigación que se desarrolla en la Universidade de Santiago de Compostela, proponemos un concepto que llamamos Pasaporte Digital de Documento Oficial (DODP, por sus siglas en inglés). La idea está inspirada en los pasaportes digitales de producto que la Unión Europea está aplicando a textiles, calzado y bienes industriales a partir de 2027, pero el objeto y la lógica institucional cambian. Aquí el objeto no es una camisa: es un acta, un permiso o una constancia. Y la pregunta institucional no es de economía circular, sino de simplificación administrativa, certeza jurídica y justicia administrativa.
Un DODP no es un PDF con código QR. Es una capa de datos estructurada, verificable, gobernada con tres niveles de acceso y atada legalmente al documento que emite una autoridad competente. Esa capa identifica al emisor, al fundamento legal, a los campos estructurados del documento, a su validez, a su ciclo de vida —emitido, vigente, corregido, suspendido o revocado— y a las reglas de quién puede reutilizar qué información, para qué y bajo qué responsabilidad.
Si el gobierno ya emitió, validó o almacenó un documento específico, la carga debería transferirse del usuario, como requisito, a la oficina de gobierno que acceda a él.
Tres capas, ni una más
El diseño tiene tres capas de acceso, y ahí está la novedad. La capa pública permite a cualquier verificador —un banco, un notario o un empleador— confirmar que el documento existe y está vigente, sin exponer datos sensibles. La capa de autoridad permite que una dependencia o entidad federal, estatal o municipal reutilice los campos específicos que su atribución legal le permite consultar, dejando huella auditable de cada acceso. La capa privada del titular le permite al ciudadano o a la empresa ver quién consultó qué, para qué, y solicitar la corrección cuando los datos están incorrectos. Esa tercera capa es la que distingue un sistema de simplificación administrativa de uno de vigilancia.
¿Por qué ahora y por qué en México?
La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, publicada en 2025, abre el espacio. Reconoce que ninguna autoridad debería pedir documentos que otra autoridad pública ya emitió y crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como coordinadora nacional. México, además, tiene piezas valiosas ya construidas. Llave MX autentica personas y empresas; el Expediente Digital Ciudadano organiza documentos; y el CFDI demuestra, desde hace más de una década, que México sabe construir, a escala nacional, documentos digitales estructurados y verificables. La pieza fiscal ya está resuelta. Lo que falta es la capa de gobernanza que conecte estas piezas a nivel del documento administrativo, no solo del usuario ni del trámite.
El problema es policéntrico, no centralizado. Las actas las lleva el Registro Civil estatal; las licencias de operación, los municipios; las constancias fiscales, el SAT; y los certificados profesionales, diversas dependencias federales y educativas. Esa fragmentación es jurídicamente necesaria: refleja el federalismo mexicano, pero exige reglas compartidas, definiciones semánticas, atribución legal, derechos de acceso, ciclo de vida y rendición de cuentas. El DODP es esa capa de reglas, no una base de datos centralizada.
Una prueba de concepto evidente: la apertura de empresas
El caso más claro es el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en los municipios. Hoy, abrir un negocio de bajo riesgo en una ventanilla única sigue dependiendo de que el emprendedor lleve la prueba de identidad, la constancia fiscal, la compatibilidad de uso de suelo, el dictamen de protección civil y la autorización municipal. Bajo una arquitectura DODP, la ventanilla verificaría la existencia y vigencia de cada documento en su autoridad emisora, expondría únicamente los campos legalmente necesarios y dejaría al emprendedor un registro auditable de qué se consultó. La ventanilla única no desaparece; gana sentido.
Una invitación abierta
Esta investigación está en una fase conceptual, pero el siguiente paso es empírico: mapear casos concretos en estados y municipios mexicanos, y compararlos con experiencias en Brasil y Argentina. La invitación está abierta a servidores públicos, organismos autónomos, secretarías estatales y municipales, áreas de mejora regulatoria y áreas técnicas de gobiernos digitales. La participación es estrictamente académica, bajo el protocolo ético de la Universidade de Santiago de Compostela. A cambio, las instituciones participantes recibirán un informe enfocado en su contexto, visibilidad académica internacional y una sesión de devolución antes de cualquier publicación derivada.
La transformación digital del gobierno no consiste en tener más sistemas. Consiste en lograr que los datos que el Estado ya certificó dejen de pedirse una y otra vez. Y eso, en una democracia, también es un asunto de justicia administrativa.
Licenciado en Economía por el TEC de Monterrey, graduado con honores y primer lugar de su clase. Máster en Negocios Internacionales en la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Emprendedor digital y líder en el ámbito de la tecnología y la innovación. Cofundador de la agencia de desarrollo de software y marketing digital, McBravos, así como de la aplicación móvil iStrid. Fundador de la Agencia Pública de Innovación y Tecnología del Gobierno del Estado de Quintana Roo, México, el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología (IQIT). Investigador doctoral en Economía Circular Digital en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Explorador de nuevas formas de integrar la sostenibilidad y la tecnología en modelos económicos innovadores.
