La participación de Donald Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2026 expuso una concepción del poder estadounidense que trasciende el discurso sobre seguridad y narcotráfico. Trump vinculó la lucha contra los cárteles con la situación venezolana y con la defensa del hemisferio occidental, mientras reivindicó una mayor capacidad de intervención de Estados Unidos en la región. Reuters identificó en esta posición una reafirmación de la primacía estadounidense y una recuperación de la lógica de la Doctrina Monroe.
La lectura de Carl Schmitt permite situar el problema en otro nivel. La distinción entre amigo y enemigo no se refiere únicamente a identificar un adversario, sino a determinar quién posee la capacidad política para definirlo. En el caso venezolano, esa definición adquiere relevancia porque seguridad, intervención y reorganización económica aparecen vinculadas dentro de una misma estructura de poder.
Venezuela deja así de ser únicamente un adversario dentro de la política exterior estadounidense y pasa a ocupar una posición estratégica dentro de la reorganización del hemisferio. La cuestión central ya no es solamente qué amenaza representa Venezuela, sino quién establece las condiciones bajo las cuales esa amenaza es definida y qué orden político emerge después de la confrontación.
El petróleo constituye la dimensión material de esa transformación. En agosto, Trump anunció que Estados Unidos había asegurado el control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas venezolanas mediante una asociación con empresas privadas, vinculada al desarrollo de 17 campos. Washington presentó el esquema como un mecanismo para reconstruir la industria venezolana y asegurar suministro de crudo. Reuters señaló, sin embargo, que existen interrogantes sobre su estructura jurídica y financiera, además de obstáculos constitucionales, políticos y de infraestructura.
La cifra, por tanto, importa menos por su magnitud que por lo que representa dentro de la nueva relación de poder. El petróleo es uno de los principales activos estratégicos de Venezuela y su explotación determina ingresos, inversión, capacidad industrial y margen de maniobra internacional. La pregunta política no es cuánto petróleo posee Venezuela, sino quién controla las condiciones de su explotación y quién obtiene capacidad para influir sobre sus decisiones estratégicas.
Esta cuestión adquiere mayor importancia porque la reorganización económica ya no se limita al sector petrolero. Durante la Asamblea General, la delegación venezolana encabezada por Delcy Rodríguez sostuvo conversaciones sobre energía, deuda, minería y financiamiento, mientras avanzaban negociaciones con empresas estadounidenses para proyectos petroleros y mineros. La relación entre Washington y Caracas comienza, por tanto, a estructurarse alrededor de una arquitectura económica más amplia.
Desde una perspectiva estratégica, esto modifica la naturaleza del conflicto. La confrontación puede producir una nueva forma de integración sin eliminar necesariamente la asimetría entre las partes. El enemigo puede dejar de ser definido como una amenaza militar y convertirse en un socio económico bajo condiciones establecidas dentro de una relación desigual. No se trata simplemente de pasar de enemigo a aliado, sino de transformar la estructura de la relación.
Aquí aparece la tensión entre soberanía jurídica y autonomía material. Venezuela puede conservar formalmente su condición de Estado soberano y, al mismo tiempo, enfrentar una reducción de su capacidad efectiva de decisión si sectores estratégicos de su economía quedan condicionados por una potencia externa. La cuestión no es afirmar que esa pérdida ya se haya producido, sino observar qué mecanismos de control y dependencia pueden surgir del nuevo esquema.
El discurso de Trump ante la ONU resulta significativo precisamente porque conecta esta reorganización económica con una concepción territorial del poder. Al afirmar que Estados Unidos no permitirá amenazas en ningún punto del hemisferio y al reivindicar el uso de su capacidad militar para proteger sus intereses, Washington no está planteando únicamente una política contra organizaciones criminales. Está delimitando un espacio estratégico en el que considera legítimo ejercer una capacidad especial de intervención.
Desde Schmitt, el problema puede formularse de manera directa: quien tiene capacidad para definir al enemigo también adquiere capacidad para determinar las condiciones de la confrontación y, potencialmente, las del orden posterior. En Venezuela, seguridad, recursos energéticos y política exterior convergen precisamente en ese punto.
La contradicción con el orden multilateral también resulta evidente. Naciones Unidas reconoce formalmente la igualdad soberana de los Estados, pero la política internacional continúa organizada alrededor de profundas diferencias de capacidad militar, económica y estratégica. Venezuela permite observar esa tensión de manera concreta: la soberanía existe jurídicamente, mientras la capacidad de negociación se desarrolla dentro de una relación profundamente asimétrica.
Por ello, el elemento decisivo del caso venezolano no es únicamente la política de Trump ni los 65 mil millones de barriles. Es la posibilidad de que una intervención orientada inicialmente por razones de seguridad termine produciendo una nueva distribución de capacidades económicas y estratégicas. El petróleo proporciona la base material; la seguridad ofrece el argumento político; y la posición de Estados Unidos en el hemisferio proporciona el marco de poder.
Schmitt permite leer esta transformación sin convertir su teoría en una explicación absoluta del presente. Su distinción entre amigo y enemigo ayuda a identificar quién define la amenaza; su concepto de soberanía permite preguntar quién conserva la capacidad efectiva de decisión; y su visión del orden internacional permite observar cómo las relaciones entre Estados están determinadas también por la distribución desigual del poder.
La cuestión venezolana queda así planteada en términos esencialmente estratégicos: cuando una potencia define al enemigo, interviene en la confrontación y posteriormente participa en la reorganización económica del antiguo adversario, ¿estamos ante una cooperación entre Estados soberanos o ante una nueva estructura de influencia basada en una relación asimétrica de poder?
Soy politóloga con mención en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y cuento con una trayectoria académica y profesional enfocada en el análisis político, social y empresarial. Mi formación se complementa con un Máster en Administración y Dirección de Empresas, así como una especialización en Coaching y Programación Neurolingüística, ambos cursados en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, España.
A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de desempeñarme como asesora política en campañas electorales, diseñando estrategias fundamentadas en un profundo análisis del entorno y las dinámicas sociopolíticas. Asimismo, he ocupado roles de liderazgo como coordinadora en empresas privadas, donde he desarrollado habilidades en planificación, gestión de proyectos y trabajo en equipo.
Mi compromiso con el trabajo social me ha llevado a liderar iniciativas en colaboración con organizaciones no gubernamentales, orientadas a promover el desarrollo de comunidades vulneradas indígenas, generando un impacto positivo en el tejido social.
