Las recientes movilizaciones del personal médico en México, particularmente las marchas convocadas en octubre, han puesto en evidencia una crisis que se ha venido gestando durante años: la incapacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para responder de manera efectiva a las demandas de quienes sostienen la atención médica del país. Aunque las protestas se presentan como reclamos laborales y exigencias de mejores condiciones, su trasfondo revela un fenómeno más profundo: la precarización del sistema de salud y su instrumentalización en el contexto de la lucha política que ya se perfila hacia la sucesión presidencial de 2030.
Las marchas recientes —descritas en diversos portales informativos como expresiones de hartazgo ante la falta de soluciones reales por parte de las autoridades— han reunido a médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud que denuncian salarios insuficientes, sobrecarga laboral, falta de insumos y ausencia de interlocución institucional. La convocatoria nacional del 10 de noviembre de 2025, por ejemplo, surgió precisamente ante la percepción de que el IMSS y otras instituciones federales han optado por la evasión y el silencio frente a los reclamos del personal sanitario.
Esta falta de respuesta no es un fenómeno aislado. Históricamente, los movimientos médicos en México han surgido cuando las tensiones entre el Estado y los profesionales de la salud alcanzan niveles insostenibles. El movimiento médico de 1964-1965, ampliamente documentado, fue un antecedente claro: paros, huelgas y protestas que enfrentaron directamente al Gobierno federal y evidenciaron la proletarización de una clase profesional que, pese a su importancia social, ha sido sistemáticamente relegada en la toma de decisiones sobre políticas de salud.
Hoy, seis décadas después, las condiciones que detonaron aquel movimiento parecen reproducirse con inquietante similitud. Los médicos denuncian que el IMSS opera con infraestructura insuficiente, equipos obsoletos y plantillas laborales incompletas. La saturación de servicios, especialmente en zonas urbanas como la Ciudad de México, ha generado un deterioro palpable en la calidad de la atención. Los derechohabientes enfrentan tiempos de espera prolongados, cancelaciones de citas, falta de especialistas y un sistema que parece estar al borde del colapso.
La ausencia de respuesta institucional agrava la percepción de abandono. Las autoridades del IMSS han optado por comunicados generales, llamados al diálogo y promesas de futuras mejoras, pero sin acciones concretas que atiendan las causas estructurales del conflicto. Para los trabajadores, esta actitud equivale a una negación de la realidad; para los pacientes, significa la continuidad de un servicio que no cumple con los estándares mínimos de atención digna.
Sin embargo, reducir esta crisis a un problema administrativo sería insuficiente. La salud pública en México es, históricamente, un terreno de disputa política. En el contexto actual, en el que las fuerzas políticas ya comienzan a posicionarse rumbo a la sucesión presidencial de 2030, el manejo del IMSS y la narrativa en torno a sus fallas se han convertido en un instrumento estratégico.
Por un lado, el Gobierno federal busca proyectar una imagen de estabilidad y avance en materia de salud, especialmente tras los retos que dejó la pandemia. Reconocer públicamente la gravedad de la crisis del IMSS implicaría admitir que las reformas implementadas no han sido suficientes. Por otro lado, los grupos opositores encuentran en estas movilizaciones un argumento poderoso para cuestionar la capacidad del Gobierno de garantizar derechos básicos como la salud.
Las marchas del personal médico, entonces, no solo exponen la precariedad del sistema, sino que también se insertan en una disputa narrativa: ¿quién controla el relato sobre la salud pública? ¿Quién capitaliza políticamente el descontento? ¿Quién se presenta como el actor capaz de resolver una crisis que afecta a millones de mexicanos?
En este escenario, los derechohabientes del IMSS se encuentran atrapados entre dos fuerzas: la ineficiencia institucional y la pugna política. Mientras los médicos protestan por condiciones laborales dignas, los pacientes enfrentan la realidad cotidiana de un sistema que no responde. La falta de medicamentos, la insuficiencia de especialistas y la saturación de servicios no son solo indicadores administrativos; son experiencias concretas que deterioran la calidad de vida de millones de familias.
La lucha por la sucesión presidencial de 2030, aunque aún incipiente, ya influye en la forma en que se interpreta y se atiende la crisis del IMSS. Las autoridades parecen más preocupadas por controlar el impacto mediático de las protestas que por resolver sus causas. La salud pública, en lugar de ser un eje prioritario de política social, corre el riesgo de convertirse en un campo de batalla discursivo.
En conclusión, la falta de respuesta del IMSS ante las protestas médicas no solo revela una crisis institucional profunda, sino también un momento político decisivo. La atención médica de los derechohabientes se deteriora mientras las autoridades evaden responsabilidades y los actores políticos calculan beneficios. Las marchas del personal de salud son, en realidad, un síntoma de un problema mayor: la necesidad urgente de reconstruir un sistema de salud que ha sido debilitado por décadas de omisiones y que hoy se encuentra atrapado en la antesala de una disputa presidencial que definirá el rumbo del país.
Humberto Martínez. Es Médico Cirujano por la Universidad La Salle, con maestrías en Administración Pública por la Universidad Nacional Autonóma dice México y Salud Ocupacional por el Instituto Politécnico Nacional, especializado en Seguridad y Salud Ocupacional. Ex-Director General de MED & Cía, y Executive Director de Mexlanding, con análisis de procesos en más de 70 empresas. Extensa labor liderando y presidiendo comisiones de Salud, Ecología, Trabajo y Protección Civil en COPARMEX Vocal y representante ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, universidades y el Consejo Coordinador del Estado de México. Integrante del Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, y representante de la Organización Internacional de Empleadores.
