La reciente derogación de la norma del Código de Policía que prohibía el porte y consumo de drogas en Colombia ha generado un intenso debate. Firmado por los ministros del interior, justicia y defensa, el decreto ha desatado opiniones encontradas sobre su impacto en la seguridad y la justicia.
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| Imagen: Presidencia de la República |
En una decisión que ha sacudido el panorama legal colombiano, el Gobierno anunció la derogación de la norma del Código de Policía que prohibía el porte y consumo de drogas. El decreto 2114 de 2023, firmado por los ministros del interior, justicia y defensa el pasado 7 de diciembre, revoca el decreto 1844 de 2018, el cual detallaba el procedimiento para combatir el microtráfico en el país.
Esta medida, insertada en la actualización del código policial en 2018 durante la administración del expresidente Iván Duque, otorgaba a la Policía la facultad de sancionar actividades como poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas. La derogación de este decreto ha desatado opiniones divididas, con algunos argumentando que podría aliviar la congestión del sistema judicial.
El Gobierno derogó el decreto que prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas y que facultaba a la Policía a sancionar estas conductas. La medida estaba incluida en la actualización del código de Policía del 2018. pic.twitter.com/rBOEnq0ltA
— RCN Radio (@rcnradio) December 9, 2023
El documento explica que la decisión se basa en el Plan de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, el cual estableció la creación de la nueva Policía Nacional de Drogas. Esta entidad se enfocará en el cuidado de la vida, la transformación territorial, y la protección ambiental y de la salud pública. Además, se fundamenta en la armonización de las obligaciones del Estado, el cumplimiento de convenciones internacionales sobre drogas, y los derechos fundamentales y humanos.
La noticia ha generado reacciones políticas, con el senador Jota Pe Hernández expresando su preocupación. Hernández sostiene que la derogación beneficia a quienes se lucran del microtráfico, perjudica el accionar de la Policía y afecta a los padres que buscan prevenir que sus hijos caigan en el consumo de drogas.
Fuente consultada: lafm.com.co
