La Procuraduría ha puesto bajo la lupa al director del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, y otros cuatro funcionarios, por sospechas de irregularidades en la contratación de servicios tecnológicos para diversas sedes de la entidad. La investigación se centra en un contrato valuado en un billón de pesos y plantea cuestionamientos sobre la revocación de la licitación y los posibles perjuicios a los derechos jurídicos de un proponente.
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| Imagen: SENA |
La Procuraduría ha anunciado la apertura de una investigación que involucra al director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Jorge Eduardo Londoño Ulloa, y a otros cuatro funcionarios de la entidad, en relación con presuntas irregularidades en el proceso de contratación de servicios tecnológicos para distintas sedes del SENA.
En un comunicado oficial, el órgano de control identificó a Carlos Martín Coy Rodríguez, jefe de la Oficina de Sistemas y suspendido provisionalmente por tres meses, Manuela Valentina García Cano, directora jurídica, y María Ofelia Gallo Sisa, como los otros funcionarios objeto de la investigación.
El contrato en cuestión, valuado en un billón de pesos, está siendo examinado por la Procuraduría, que ha expresado su interés en indagar "irregularidades en la expedición de la resolución que revocó la apertura del proceso de licitación pública, sin que existieran argumentos jurídicos ni técnicos que justificaran esa decisión".
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La investigación también se enfocará en determinar si la firma de dicha resolución afectó los derechos jurídicos de la Unión Temporal Sena 2.0, el proponente, y si hubo justificación suficiente para revocar el proceso de licitación. El propósito declarado de la Procuraduría es verificar "la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad".
El comunicado de la Procuraduría también destaca la suspensión provisional de Carlos Martín Coy Rodríguez, jefe de la Oficina de Sistemas, argumentando que era necesaria para garantizar que "en su calidad de ordenador del gasto y líder del proceso de selección no brinde las garantías necesarias a la entidad ni a la comunidad beneficiaria del proyecto".
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