La salud en Córdoba enfrenta una oscura realidad: muertos que reclaman servicios, falsos empleados cobrando salarios y políticos desangrando fondos. Las prácticas corruptas amenazan la integridad de los hospitales y el acceso a servicios médicos.
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| Imagen: anred.org |
En un sombrío escenario de corrupción, la salud en Córdoba se ve amenazada por prácticas indignantes. Desde resucitar a muertos para obtener beneficios de salud hasta inflar costos y pagar salarios a empleados inexistentes, políticos, funcionarios y contratistas forman parte de redes ilegales que desangran los recursos del sistema de salud en el departamento.
La Fiscalía ha iniciado investigaciones ante denuncias que revelan irregularidades en varios centros médicos cordobeses. Los expedientes, más propios de películas de terror, desvelan la crueldad con la que se desvía y apropia indebidamente el dinero destinado a la salud.
El modus operandi de estas redes implica inflar costos, falsificar documentos, pagar salarios a individuos sin vínculo laboral, asignar contratos a dedo y aprovecharse de tratamientos para personas fallecidas. Las auditorías de la Contraloría también señalan dudas sobre la legalidad en algunas inversiones, incluyendo el pago por tratamientos nunca prestados.
La directora de la Fiscalía de Córdoba, Cindy Tatiana Vargas Tapias, afirma que están en proceso de determinar la magnitud de estos entramados corruptos, utilizando los elementos probatorios pertinentes.
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| Imagen: Universidad de los Andes |
El sistema de salud, afectado por casos anteriores de corrupción, enfrenta la congelación de recursos desde 2017, con una sanción que supera los 77.000 millones de pesos. El secretario de Hacienda, Luis Fernando Pupo, señala a los 'carteles de la hemofilia' y las 'terapias' como principales responsables.
Un proceso escandaloso en el Hospital Local de Puerto Libertador evidencia como directivos y exfuncionarios habrían desviado ilegalmente recursos públicos, girando cheques a terceros sin vinculación con la entidad. Este movimiento del dinero superaría los 7.000 millones de pesos.
Las quejas sobre la atención y las dificultades para acceder a servicios hospitalarios ya resuenan en las calles, representando el 50 % de las quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo en Córdoba.
Fuente consultada: Semana.com
